Foto: Semana Rural
Zonas vulnerables de Colombia continúan siendo objeto del conflicto armado en Colombia. Durante el 2021 los habitantes de Buenaventura han tenido una lucha diaria con la supervivencia, debido al conflicto ilegal entre Los Shottas y Los Espartanos, dos subestructuras de la banda criminal La Local. Desde entonces, el llamado de organizaciones, líderes sociales, políticos y religiosos es a que se haga una intervención humanitaria y social urgente en el municipio, pues los homicidios, el confinamiento y los desplazamientos se están agudizando.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, por ejemplo, en un reciente informe da cuenta de que en 2021 ha habido 41 homicidio; la desaparición forzada de otras 13; y el desplazamiento de más de 8.000 bonaverenses; además de información sobre varias amenazas a líderes y lideresas defensores de derechos humanos.
La Representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, tras su visita de esta semana a Buenaventura, pidió una acción concertada entre el Gobierno Nacional, departamental y local, con autoridades estatales, para “desmantelar las redes criminales de manera permanente, a través de la acción de la justicia, la inversión social, el desarrollo con enfoque de derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho, con el respaldo internacional y del sector privado”.
La Oficina de la ONU aseguró que urge articulación entre autoridades y acelerar la implementación de los Acuerdos del Paro Cívico y el Acuerdo de Paz, para atender la situación de violencia que atraviesa el municipio, pues en Buenaventura están siendo afectados los derechos a una vida digna, a la integridad, a la libertad y a la seguridad personales, a la participación y, en general, a la posibilidad de desarrollar libremente un proyecto de vida sin violencias.
“Hay una necesidad imperiosa de apoyar los esfuerzos de la Alcaldía de Buenaventura. La articulación y coordinación interinstitucional entre las autoridades distritales y las autoridades departamentales y nacionales es prioritaria para fortalecer y acelerar la implementación de los Acuerdos del Paro Cívico y del Acuerdo de Paz, incluido el PDET y el enfoque sobre los derechos de las víctimas”, explican en el informe.