La Procuraduría General de la Nación profirió cargos contra la secretaria de educación de Soacha por el PAE. Además, otro funcionario también deberá responder ante el ente de control por las posibles irregularidades.
La decisión de la Provincial de Fusagasugá se debe a las presuntas irregularidades en que incurrieron durante el proceso de licitación pública para la prestación del servicio de alimentación escolar en instituciones educativas del municipio.
Los dos funcionarios implicados en la investigación y que fueron incluídos en el expediente, son la secretaria del despacho, Gloria Álvarez Tovar; y el profesional universitario Óscar Javier Rodríguez Díaz, quienes supuestamente exigieron a los proponentes requisitos que no eran necesarios, justos ni proporcionales; además de los contratistas Jeisson Fabián Lamprea Vargas y Max Ney Moscote Arteaga.
Según la entidad, Álvarez Tovar pudo incurrir en una falta disciplinaria, por la presunta omisión de los principios de transparencia y selección objetiva de la contratación estatal en el momento de estructurar los estudios previos y su posterior adjudicación.
De igual manera, el organismo de control le formuló cargos por posiblemente inhabilitar a un proponente, al que tampoco se le dejó subsanar una falencia relacionada con la experiencia previa requerida.
En el caso de Rodríguez Díaz, la Procuraduría indicó que en la etapa precontractual suscribió los estudios previos y los escritos con los que se dio respuesta a las observaciones a los pre pliegos y pliegos definitivos de los proponentes.
La Entidad indicó que los cuatro involucrados pudieron pasar por alto el cumplimiento de instrucciones y el seguimiento a directrices impartidas por la entidad, por lo que de manera provisional calificó las presuntas conductas como faltas gravísimas cometidas a título de culpa gravísima. Esto, en el caso de Tovar podría redundar incluso en ser inhabilitada y retirada de su cargo.
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