Diario de Cundinamarca habló con Consuelo Mosquera secretaria de la sub directiva del sindicato Sintracihobi subdirectiva Soacha quien explicó las condiciones en las que las madres comunitarias del ICBF tienen que desarrollar sus funciones, lo que las ha llevado a Asamblea permanente, esperando que se mejoren las garantías para ellas y los(as) niños(as).
"Entre el pasado 6 y 11 de febrero de 2023 se convocó a un paro nacional por parte del sindicato.Esto teniendo en cuenta que se están vulnerando derechos a madres comunitarias del municipio". La sub directora menciona que no se tiene acceso a pensiones dignas de vejez para estas madres ni dotación para las personas encargadas del mantenimiento de las unidades de servicio, además de la molestia por los bajos recursos asignados desde el año 2017 para la alimentación de los niños, recursos que después de 6 años no se han incrementado.
Antes de convocar al paro por parte del sindicato, aseguran que "en repetidas ocasiones se les dio un pliego con estas peticiones a funcionarios del ICBF".
La subdirectora resaltó que el 11 de febrero del presente año se levantó el paro nacional, teniendo en cuenta que la nueva directora del ICBF, aceptó el pliego de peticiones y también se comprometió a través de una firma de acuerdos, la entrega de los recursos y demás solicitudes adjuntas en el pliego.
Las unidades de servicio están conformadas por 14 hogares familiares adaptados para los cuidados de los niños, estas unidades las representan madres cabeza de hogar, secretarias, trabajadoras sociales, psicólogas entre otros. En el dialogo con Diario de Cundinamarca, Consuelo Mosquera también resaltó que “no se recibe dinero ni por el préstamo de sus viviendas, ni por el consumo de servicios públicos” pero que si cada vez son más exigentes con documentaciones a lo cual pidió “que sean más flexibles con la documentación requerida, porque es más el papel que se diligencia que los beneficios que se obtienen”
Finalmente la sub directora argumentó que no se les paga tiempo de vacaciones y solicitan “que se formalicen los contratos, ya que se acaban contratos de 7 o 9 meses y se renueva uno nuevo sin tiempos de descanso”. La falta de reconocimiento a su trabajo y su labor comunitaria para ellas pasa desapercibida por parte del alcalde y gobierno local, a lo cual también piden mayor acompañamiento y reconocimiento.