Una grave denuncia en plena pandemia fue anunciada por el contralor Felipe Córdoba, el fiscal Francisco Barbosa y el procurador Fernando Carrillo en una rueda de prensa este 24 de abril.
Se trata de irregularidades en la firma de contratos para la adquisición de mercados y otras ayudas a la población más vulnerable del país; aunque Soacha se encuentra también en el listado de municipios indagados, se suman varios departamentos de Colombia como Chocó, Arauca, Magdalena, Vichada, San Andrés, Valle, Tolima, Casanare y Cesar.
Otros municipios como Malambo, Soledad, Tocancipá, Girón, Barrancabermeja, Puerto Gaitán, Coveñas, Cota, Puerto Escondido y Mapiripán engrosan esta lista.
Los funcionarios advirtieron que ya han encontrado irregularidades en 53 procesos contractuales por más de 135.000 millones de pesos.
Por otro lado, los mercados que son distribuidos desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Unged), también está en el ojo de estas investigaciones. Aunque el contralor Córdoba dijo que, ya se han hecho 16 mesas técnicas para la revisión de la mayoría de los contratos realizados durante la emergencia sanitaria, estos casos se hacen en el marco del acto administrativo de Urgencia Manifiesta.
Bogotá no se escapa de la lupa de los Entes de Control, pues su localidad número tres, Santa Fe, que concentra población vulnerable como trabajadores sexuales, recicladores y migrantes venezolanos, tiene 990 contratos bajo la lupa, 38 procesos en indagación preliminar y 63 en verificación previa.
Imagen Cortesía: Semana Rural.