La propia vicepresidenta-canciller Martha Lucía Ramírez envió una carta a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca, asegurando que un juez de Soacha habría justificado violencia intrafamiliar contra una mujer. El caso se registró en Soacha Cundinamarca, en diligencia judicial del 27 de agosto, cuando el funcionario judicial Gilberto Vargas Hernández insinuó que la víctima habría motivado la violencia, al incumplir sus ‘deberes como madre y esposa’. “La actuación del Juez de la República podría constituir faltas disciplinarias sancionadas por la ley, por la posible parcialidad mostrada en la audiencia y por el desconocimiento de los estándares nacionales e internacionales de protección de los derechos de las mujeres”, señala la Vicepresidente. Ramírez también hizo referencia "al derecho que tienen las mujeres a una justicia efectiva y con enfoque de género que reconozca las desigualdades, discriminación y violencia histórica que ellas enfrentan por el hecho de serlo y el deber de los Estados de remover las barreras o estereotipos que se presenten en el sistema judicial, fundamentalmente, las obligaciones que surgen de la Recomendación General Nº 33 de la Convención CEDAW”. La carta subraya que la abogada de la víctima, Lizeth Guzmán, peticionó al juez dar aplicación al enfoque de género, por tratarse de una violencia en una relación de pareja motivada por el hecho de ser mujer, pero que el funcionario judicial habría pasado por alto esta solicitud y, por el contrario, habría calificado la intervención de la defensa, como una “forma traicionera de dilatar el proceso”. Incluso, por estos hechos, se interpuso acción de tutela solicitando el cambio de Juez, acción que está siendo adelantada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca. “Por lo expuesto, la actuación del Juez de la República podría constituir faltas disciplinarias sancionadas por la ley, por la posible parcialidad mostrada en la audiencia”, acota la comunicación oficial.
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