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  • Alexander Vera Ariza

Incrementan enfrentamientos entre ELN y disidencias de las FARC en el norte de Cauca



Las comunidades indígenas y afro del norte del Cauca, ubicadas en los municipios de Santander de Quilichao, Buenos Aires y Caldono, están en alto riesgo de ser víctimas de vulneración a sus derechos por cuenta de los enfrentamientos entre la Segunda Marquetalia en asocio con el ELN y las disidencias de las FARC.


Hacemos un llamado a estos grupos armados ilegales para que detengan su accionar y dejen por fuera de sus confrontaciones a la población civil, especialmente a las comunidades indígenas y afro que allí habitan. Es momento de que los grupos armados ilegales les brinden a las comunidades de esta región del país verdaderos gestos de paz”, aseguró el Defensor del Pueblo.


Según el reporte del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, las disidencias de las FARC, por medio de sus columnas móviles Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, buscan mantener el control de sus actividades ilegales y repeler la expansión de la también facción disidente Segunda Marquetalia que presuntamente estaría ingresando a estos territorios en alianza con el ELN.


Nuestro Sistema de Alertas Tempranas estableció una altísima probabilidad de ocurrencia de homicidios, desplazamientos masivos, confinamientos, restricciones a la movilidad, reclutamiento forzado y hostigamientos para el norte del departamento del Cauca”, enfatizó el Defensor del Pueblo.


La zona es estratégica para las organizaciones armadas ilegales porque existen corredores de movilidad asociadas al narcotráfico, cultivos de uso ilícito y laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca. En los primeros 7 meses de 2022 en los tres municipios mencionados fueron asesinados siete líderes sociales.


Ante el inminente riesgo de vulneración de los derechos en el norte del Cauca, desde la Defensoría del Pueblo emitimos 22 recomendaciones, que buscan el fortalecimiento institucional y coordinar una respuesta rápida de disuasión de la amenaza desde un enfoque de derechos humanos y la protección a las comunidades”, puntualizó Carlos Camargo.

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