• Michael Anzola

Fiscalía podría investigar presuntos delitos de la gerente del Hospital Mario Gaitán Yanguas

Interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, entre otros, serían los delitos por los que la Fiscalía General de la Nación podría investigar la gestión contractual de la Gerente de la E.S.E. Mario Gaitán Yanguas de Soacha. Alexandra González Moreno, fue cuestionada hace un par de semanas por el diputado Julían Sánchez Périco; al conocerse que como ordenadora del gasto de la E.S.E Mario Gaitán Yanguas, estaría contratando un predio en 30 millones de pesos  para que allí funcione una sede de especialistas. La actual gerente, quien aseguró que todo está conforme a la ley, fue secretaria de salud de Juan Carlos Saldarriaga. De allí podría desprenderse algunas anomalías. La posible irregularidad se da en que la esposa y madre de Saldarriaga, eran dueñas del predio ubicado en la calle 17 con carrera 8, en Soacha; el cual se vendió a la  compañía Moldavia S.A.S. Sumado a eso, el canon de arrendamiento actual es de 30 millones de pesos mensuales, cuando en la administración anterior, allí mismo funcionó la Secretaría de movilidad y el valor del arriendo era de 8 millones.  Y según la investigación realizada por el diputado Périco; la representante legal del momento de Moldavia S.A.S, era la señora Claudia Milet Montoya Barrera, quien también era asesora del despacho de Saldarriaga, con contrato 256 del año 2021 y quien fue reemplazada en la representación de Moldavia S.A.S hace dos semanas por el señor Juan José Álvarez Mojica. Actualmente, Montoya trabaja en el Sisbén. Estas presuntas irregularidades, se agravaron despúes del debate de control político hecho por Périco. Ya que, en las respuestas solicitadas, habría evidencia de otra serie de anomalías que darían fe de presuntos delitos de González Moreno. El contrato de arrendamiento No. 069 de 2020 realizado por la E.S.E con Moldavía, tiene fecha del 1 de diciembre de 2020. Sin embargo, como todo proceso de contratación pública, exige una serie de documentos, pólizas y requisitos previos a su ejecución. Pues, según pudo constatar el Diputado Perico, una cantidad importante de documentos como la verificación de antecedentes, certificados de nomenclatura y estratificación y hasta una certificación bancaria fueron aportados entre el 6 y 9 de diciembre de 2020, cuando ya el mismo se encontraba en ejecución. Además de lo anterior, tanto en el Contrato de 2020 como en el de 2021, las pólizas que amparan los riesgos del contrato se presentaron los días 16 de diciembre de 2020 y 26 de enero de 2021, días después de iniciada la ejecución de los correspondientes contratos de arrendamiento. Lo que esto indica es que durante esos días el contrato presuntamente no cumplía con los requisitos para su perfeccionamiento, por lo que no se podía haber suscrito acta de inicio. Sobre el valor de 30 millones mensuales de arriendo, también existen inconsistencias. La primera es que según el uso de suelo, una unidad médica o sede de especialistas no puede quedar en una vivienda de uso residencial, que es lo que dictamina el POT para el inmueble de la 17 con 8. Por otra parte, el peritaje hecho para avaluar el predio, se justificó en el recibo del impuesto predial de enero se 2021. Más de un mes después de la firma del contrato de arrendamiento. además de la deficiencia denunciada en los tiempos de atención de laboratorios clínicos y servicio farmacéutico, estas evidencias recolectadas por el diputado Julían Sánchez tienen a la E.S.E, a su directora y al alcalde en el ojo del huracán.  Además, este medio consultó con asesores jurídicos, quienes aseguraron que "así como al alcalde le abrieron proceso a causa de sus presuntos lazos de amistad con Datatools, que hace parte de la empresa Catastro Avanza; también puede investigarse si la doctora Alexandra González tuvo un interés indebido en la celebración de este contrato de arrendamiento. Además de la presunta contratación sin documentos ni cumplimiento de requisitos. Lo cual, sería un delito que daría de 4 a 12 años de prisión e inhanilidades de 10 años para ejercer cualquier cargo público". Por su parte, la gerente de la E.S.E, afirmó para Diario de Cundinamarca semanas atrás que  "todo se ha hecho conforme a la ley y siguiendo el manual de contratación pública. Necesitabamos una casa que contara con sala de espera, que cada consultorio que cumpla con la norma y tenga al menos un baño. Porque antes requeríamos hacer una citología y no teníamos como hacerla". Aunque la Fiscalía no se ha pronunciado al respecto, las denuncias continúan siendo analizadas y cuestionadas desde la Asamblea departamental.

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