Luego de la renuncia de la ministra de las TIC Karen Abudinen por el escandalo de corrupción con Centros Poblados, cuyo nivel significa una de las perdidas más grandes del país en los últimos años, la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó a declarar a la exministra para que entregue su versión oficial. De igual forma fue citado el senado Antonio Sabaraín y otros congresistas señalados que tendría algo que ver en el caso. La diligencia se llevará a cabo en el despacho del magistrado Misael Rodriguez, Karen Abudinen debe dar su versión sobre la adjudicación del contrato entre las TIC y Centros poblados. La declaración fue citada para el próximo 3 de noviembre, antes de que la corte suprema decida si iniciar o no la investigación contra los senadores Armando Benedetti, Dayra Galvis, Mauricio Gómez Amín y Antonio Sabaraín, quienes fueron denunciados porque habrían ejercido presiones durante la adjudicación del contrato.
Cabe resaltar que la citación no vincula formalmente a Karen Abudinen a la investigación, pues el objetivo es tomar su declaración y tomar una decisión respecto a la denuncia presentada por la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común, en la que mencionan que los senadores señalados anteriormente habrían llamado a la exministra Abudinen para sugerirle qué acciones tomar ante el incumplimiento del contratista Centros Poblados.
Hay que recordar que Abudinen manifestó que el senador Armando Benedetti la llamó en su momento para convencerla de tomar un camino diferente por el incumplimiento del contrato. En su cuenta de Twiter la exministra redactó “Senador: Le refresco la memoria. Usted si me llamó, como hicieron otras personas. Su propósito fue el de sugerirme la cesión del contrato a una firma norteamericana. Mi respuesta fue tajante: Caducar el contrato”. El congresista de La U afirmó que se trató de una persecución en su contra. El senador Benedetti aseguró que nunca hizo una llamada a Karen Abudinen para hablar al respecto. De igual forma manifestó que no conoce a Emilio Tapia, empresario recientemente enviado a la cárcel, ni ninguna persona que consorcio Centros Poblados. Para este caso, el papel que cumplirá la Corte Suprema, será distinta a la Fiscalía y Procuraduría, pues el objeto es determinar de qué manera con documentos que serían falsos, el contrato terminó adjudicado a la Unión Temporal Centros Poblados. También es importante mencionar que se investiga la forma en que el gobierno nacional a través del ministerio en cabeza de Abudinen decidieron caducar el contrato.
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