Una relatoría independiente, contratada por la alcaldesa de Bogotá para revivir lo ocurrido en las protestas sociales del año anterior, describió lo ocurrido en esos días con una frase estremecedora. "9 Y10 S fueron una masacre policial".
La reconstrucción contratada por López y organizada por la ONU, concluyó que hubo fuerza y actuar desmedido de la fuerza pública para controlar las protestas que hubo como consecuencia de la muerte de Javier Ordoñez, otro hecho directamente relacionado al mal proceder de la Policía Nacional.
“Se requería un decidido liderazgo político y operativo en los niveles nacional y distrital fundado en los derechos para evitar su concurrencia. Esa omisión desencadenó el estremecedor capítulo que se sintetiza en el informe." Arranca por decir el documento. Sin embargo hace un recuento desde las horas previas al estallido social que se vivió en esa noche del 9 de septiembre.
A pesar de que la alcaldía de Bogotá tenía previsto un evento por los Derechos Humanos, un alto funcionario del Distrito aseguró a manera de predicción lo que podría llegar a pasar. “Era obvio que se trataba de nuestro George Floyd", aseguró. Luego de eso, al estallar la ciudad en un reclamo airado y generalizado en las zonas del sur y occidente, se generó la respuesta escalada en violencia y brutalidad por parte de agentes de la policía “dejando ver que existe una criminalización de la pobreza por parte de la fuerza pública, de la que se desprenden acciones autoritarias e ilegales en contra de los habitantes de ciertos sectores sociales”.
En medio de la relatoría se lograron documentar al menos siete prácticas violentas de la Policía Nacional en Bogotá y en Soacha: uso ilícito de la fuerza, violencia contra la fuerza pública, detenciones arbitrarias, violencias basadas en género, estigmatización de la protesta social, violencia contra bienes públicos y privados e impunidad.
Como consecuencia de eso se produjeron 14 asesinatos, de los cuales 11 fueron consecuencia del uso ilegal y desmedido de la fuerza por parte de la Policía. Dos más por intervención de civiles con arma de fuego y una última; la de Cristian Rodríguez Cano, que no ha sido reconocida aún por las autoridades como consecuencia del 9s.
Por otra parte, el informe de la relatoría dio a conocer otros detalles que nunca habían sido develados a la luz pública. Tales como las órdenes de retirada del Secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez hacia los 250 gestores de convivencia y diálogo. Además de los desacuerdos entre Claudia López y la Policía Metropolitana de Bogotá.
“Esa noche llegaba esa solicitud para una reacción porque iban a quemar X sitio, y a los cinco minutos decían: ya lo quemaron. Nadie alcanzaba a llegar a ningún lado. Las reacciones llegaron tarde a nueve de los diez casos. Nuestro esfuerzo era despachar bomberos y ambulancias, no tener control de los policías”. Aseguró la mandataria, quien además constató los reportes que se multiplicaron por las redes sociales como un grito desesperado de auxilio. "Nos están matando. Está disparando la Policía".
“Me demoré unas dos horas en la Alcaldía verificando y, a las tres de la mañana, publiqué mi indignación en un video. Dormí muy poco. Llegué destruida a la casa, desolada. Era evidente que la cifra de muertos y heridos era absurda y que habían destruido la ciudad en una noche. Yo empecé a hacer investigaciones de conflicto armado en Colombia en 2005. Pero no tengo que ir a una biblioteca para saber qué significan diez muertos y 75 heridos a bala”. Agregó López.
Finalmente, la desgarradora relatoría dedica un sentido homenaje a las víctimas fatales y los heridos más graves. Tal y como es el caso de el joven inmigrante venezolano Anthony Estrada Espinosa; asesinado en el municipio de Soacha. Caso por el cual hay un policía en prisión domiciliaria por homicidio y ocultamiento de pruebas.
También hay un espacio para hablar de la incierta muerte de Cristian Hurtado, también en Ciudad Verde, Soacha. Salió de casa antes de las diez de la noche a ver la protesta y recibió un disparo en la cabeza. Ni la gorra que llevaba ni los testigos aparecieron y el crimen sigue sin esclarecerse pero con un patrón marcado: Presuntamente también un agente de la Policía habría tirado del gatillo.
La relatoría contó con 450 fuentes de información y 91 entrevistas hechas a familiares, testigos, autoridades, entre otros. Además pidió que la Fiscalía garantizar el acceso a la justicia y no generar obstrucción en los procesos. El cierre del documento preparado por siete profesionales con experiencia en ciencia política, antropología, periodismo, derecho penal y derechos humanos, coordinados por Carlos Alfonso Negret, exdefensor del pueblo, imploró a la Fiscalía proteger a las víctimas, los testigos y los representantes en los procesos judiciales.
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